El pleno municipal, actualmente con mayoría de la oposición, impulsó en marzo una insólita y nunca antes vista medida de reprobación contra el gobierno: la bajada de sus sueldos. En su día, ASBA y Francisco Atta fueron ferozmente beligerantes en la oposición con la remuneración de quienes entonces eran gobierno. Su combatividad desapareció al llegar al poder. Tras una teatral y temporal reducción de sus nóminas, no tardaron en volver a subírselos. En 2023, el aumento de sus retribuciones fue de más del 30%, hasta alcanzar el límite máximo que permite la ley.

Sin embargo, las retribuciones del gobierno se han disparado a la misma velocidad a la que se desplomaba la inversión en el municipio, llegando, incluso, a dejar casi diez millones del presupuesto municipal sin ejecutar. El resultado de la gestión de este gobierno es imposible de aplaudir: el municipio está cada vez más sucio, las subvenciones no se tramitan o hay que devolverlas por incumplimientos del ayuntamiento; presupuestos, cuando los ha habido, presentados siempre fuera de plazo, obras cuya finalización se eternizan durante años, luchas cainitas dentro del propio gobierno que acaban en nuevas fracturas, peleas y divisiones internas… Todo ello justifica que, al menos por una vez, la factura de la incompetencia la paguen sus propios causantes, no la ciudadanía.

Esta amonestación es tan merecida como necesaria para este y futuros gobiernos, si incurren en los mismos errores. La buena política merece ser dignificada y retribuida de forma justa; el mal gobierno y el caos de gestión no pueden ni deben quedar exentos de responsabilidad, más allá del veredicto de las urnas cada cuatro años. El alcalde y su gobierno no han dejado de clamar contra esta medida (hasta llevarla a los tribunales), no solo por la humillación que supone dentro y fuera del municipio, sino porque afecta, vista su reacción, a lo que más les duele: su bolsillo.

Repetidamente, el alcalde enmascara su habitual soberbia en que tiene mayoría. Pero esta verdad no es más que la coartada sobre la que justifica sus cada vez más continuados e indisimulados tics autoritarios y despóticos contra otros legítimos representantes políticos y vecinos que cometen, a sus ojos, el imperdonable pecado de contradecirle. Ahora es esa misma mayoría a la que tanto alude Francisco Atta la que le censura a él y a su gobierno. ¿Es acaso esta menos legítima que la que tanto proclama cuando le conviene?

Con este lícito acto, la oposición municipal establece un formidable e ineludible compromiso moral con la ciudadanía que deberá ser de obligado cumplimiento tanto ahora como en el futuro: el de que una buena gestión merece una justa retribución, y viceversa. La ineficacia presente no puede ni debe quedar impune. La futura, si la hubiere, tampoco.