Valsequillo Digital.
El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria continúa dando pasos firmes en su política de transparencia institucional. Con el objetivo de establecer un mayor control, seguimiento y fiscalización de los representantes públicos del municipio, la corporación ha anunciado que, a partir de este año 2026, todos los concejales estarán obligados a presentar su declaración de bienes, intereses y situación laboral con carácter anual.
Hasta ahora, la práctica habitual en el consistorio limitaba la entrega de esta documentación a dos momentos puntuales del mandato: la toma de posesión del cargo y el momento del cese. Con este cambio de protocolo, los ediles no solo tendrán que rendir cuentas cada año, sino que también estarán obligados a informar de manera inmediata sobre cualquier variación que se produzca en su patrimonio, ingresos o situación laboral que pueda generar algún tipo de incompatibilidad.
Cumplimiento y rigor normativo
Esta medida de transparencia da un estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. La normativa establece que los representantes locales deben formular una declaración sobre posibles causas de incompatibilidad y sobre sus bienes patrimoniales, incluyendo la participación en sociedades y las autoliquidaciones de impuestos clave (Renta, Patrimonio y Sociedades).
Toda esta información se inscribe en el Registro de Actividades y en el Registro de Bienes Patrimoniales de la Entidad local, herramientas de carácter público que ahora en Valsequillo se mantendrán rigurosamente actualizadas año a año.
Ejemplaridad y rendición de cuentas
El alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, ha sido tajante al valorar la puesta en marcha de esta iniciativa: «Quienes nos dedicamos a la política tenemos que ser más transparentes y rendir más cuentas que el resto de la población. La ejemplaridad en política no es una opción».
Para el primer edil, la confianza ciudadana exige medidas proactivas. «El gobierno debe establecer todos los mecanismos necesarios para controlar y fiscalizar al detalle a todos los que nos dedicamos a esta actividad», explicó Hernández Atta, recordando que esta acción responde directamente a la hoja de ruta marcada por el actual ejecutivo local. «Este era uno de los acuerdos del nuevo gobierno y, como responsable de transparencia, daremos este y todos los pasos que sean necesarios para garantizar que todo el que esté en política venga a servir y no a servirse de ella», concluyó.
