Jesús Montesdeoca. La Provincia
Una parte de la Península arde desde hace dos semanas y se calcula que los incendios de este mes de agosto serán los más destructivos en décadas. ¿A qué atribuye que los fuegos más graves se concentren en el Noroeste, en las provincias de León, Zamora, Ourense o ahora Cáceres?
Inicialmente, comenzaron incendios por toda la geografía y eso en verano es habitual, una situación típica que en condiciones normales se apagan. Cuando vienen olas de calor, depende de la maestría al afrontarlos, incluso de la suerte o la cercanía de unidades. Hemos descubierto que los de esta semana y la anterior arrancaron con mucha fuerza y están fuera de capacidad de extinción.
¿Son incendios de quinta o sexta generación, como les denominan ustedes?
No tengo datos para decir que sean de sexta generación. Lo dudo. Las categorías de los incendios se deben establecer después de analizarlo todo. Para intentar explicarlo y que se entienda fácil, los de primera generación eran aquellos que apagábamos los vecinos. Y uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que hay población que está acostumbrada a esas llamas en los montes y ahora quieren enfrentarse a un incendio mucho más intenso como si fueran fuegos que se apagan con ramas. Ese método no funciona con este tipo de incendios. Los de sexta generación los tenemos registrados en Chile o en Portugal y se comportan como un anticiclón o una borrasca, que modifican todo el clima de la región.
¿Se podrían haber evitado los estragos que han causado esos incendios, con pueblos enteros quemados y hasta zonas que son Patrimonio de la Humanidad?
Totalmente.
¿Y cuáles serían las medidas prioritarias?
Son varias patas de una misma mesa. Por un lado, tenemos que dar el salto a la profesionalización completa del personal, pues hay trabajadores para todo el año y otros contratados solamente en verano. En el caso de Gran Canaria, es todo personal laboral de la administración y están todo el año. También necesitamos mejorar el sector primario y utilizarlo con sinergias que nos favorezcan a los dos. Está claro los ganaderos quieren pastos y nosotros tenemos superficie que ellos pueden mantener, como son los cortafuegos. A los agricultores hay que ayudarles de alguna u otra manera, algo parecido a lo que se hace con los pastores. Si tiene cultivos en una zona que van a defender el pueblo en caso de incendio, puede recibir una compensación por ese servicio que presta. Porque si abandona ese terreno tendremos que entrar a limpiar y supone un gasto económico. Y hay un problema añadido, que necesitamos que se regule o se legisle para que se pueda intervenir en matorrales o zarzales que están abandonados o de personas desaparecidas. Lo mismo pasa con el interfaz urbano-forestal, zonas de viviendas que están en el entorno rural y ya no queda claro lo que es agrícola y lo que es forestal, todo se ha mezclado. Necesitamos tener los pueblos limpios y eso tampoco puede ser función única de la administración, hay que concienciar al ciudadano.
Los técnicos llevan años advirtiendo de que el cambio climático ya está aquí y se notará cada vez más, pero parece que muchos políticos siguen sin creerlo, incluso lo niegan. ¿Considera que la Dana de Valencia o estos incendios les obligarán a cambiar de actitud?
Yo espero que sí. Hay que ser optimistas. La sociedad ha ido avanzando. Parece que todo lo que está detrás tiene que ser la economía, pero cuando empieza a haber estos desastres surgen grandes líneas de pensamiento y sobre todo cambios de rumbo, que es lo que necesitamos. Hay echar una pensada al sistema rural que tenemos ahora mismo, ese abandono, ese éxodo. Estamos hablando de una política agrícola que debe incentivar el cultivo local, esas pequeñas huertas alrededor de los pueblos. Hay una despoblación y aquí en Canarias la notamos entre las zonas rurales y las más costeras, pero en el caso de la Península es un abandono brutal. Hay miles de pueblos en los que prácticamente solo viven personas mayores, que no tienen ya la capacidad o la posibilidad de hacer todas esas cosas que son necesarias para prevenir incendios. Evidentemente, ahí entra algo que dijo el presidente del Gobierno y que ya algunos compañeros del gremio estaban fomentando, que es un pacto de Estado. Dejarnos de visiones políticas e intentar sentarse todo el mundo. Hay muchos intereses en juego y algunos contrapuestos, como los que piden que no se toque el monte para fomentar el lobo y proteger a ciertas especies frente a los ganaderos y agricultores.
¿Complica aún más que estos siniestros se estén utilizando en la batalla política?
Nunca entro en eso, pero creo que deberían evitarse ese tipo de batallas. Soy un técnico y me debo a la administración. El capitán del barco al final es el político y procuro no meterme en estas cosas. Entiendo que en otro tipo de personas o colectivos puedan causar algo más de revuelo. No me gusta, porque en una situación de emergencia debe estar todo el mundo en ella, los problemas los dejamos para después o en privado.
¿Debería clarificarse mejor quién debe intervenir o dirigir la extinción de un incendio para evitar este cruce de acusaciones?
Es que está bastante claro. Otra cosa es que hablemos de problemas y busquemos siempre el fallo de la otra persona o de la otra administración. Las competencias en emergencias son de las comunidades autónomas, y en las de protección civil están todas las administraciones. La comunidad autónoma gestiona y dirige las emergencias mediante planes que activa y mediante unos recursos que tiene. El Estado, en caso de una situación complicada, activa medios para reforzar, pero son medios que se subordinan a la comunidad autónoma. El Estado puede coger la competencia cuando la catástrofe es tan grande que se ve que la administración autonómica no es capaz o lo pide. En una situación como la que tenemos ahora en la Península, pasar a Nivel 3 no va a variar en cuanto a medios, lo que variaría es la alta dirección y un poco la parte técnica. No creo que sea una gran mejora, sobre todo porque nunca ha ocurrido. No creo que estemos ahora para experimentos.
